Foto: Diana Ramírez
El trabajo es una actividad que nos ayuda a percibir nuestra dignidad y nos acarrea muchos beneficios, uno de ellos es el salario que nos permite solventar nuestras necesidades y las de nuestras familias; pero por lado también nos hace participar de los sistemas de seguridad social.
La seguridad social es definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas”.
El derecho a la seguridad social lo encontramos ubicado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dedicado al trabajo. De los beneficios de la seguridad social no sólo se aprovecha el trabajador afiliado al instituto correspondiente sino de manera indirecta también lo hacen sus parientes por ejemplo a través de las pensiones por viudez u orfandad.
Las instituciones de esta naturaleza como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entre otros se construyen en gran medida con las cuotas obrero-patronales, es decir las que aportan tanto los trabajadores (afiliados) como sus empleadores. Su otra vía de financiamiento es la que otorga el gobierno por lo que se mantienen de forma tripartita.
Por lo anterior tiene sentido que se argumente que ésta protección la brinde la sociedad y que emane del trabajo aún cuando no todos beneficiarios sean población trabajadora, se constituye con el esfuerzo de todos.
Falta de seguridad social, una de las seis carencias sociales
Y ¿esto a viene a cuenta en nuestro sitio? Pues bien, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la institución que se encarga de realizar la medición de la pobreza ha tomado en cuenta a la falta de seguridad social como una de las seis carencias sociales (rezago educativo, por acceso a los servicios de salud, por acceso a la seguridad social, por calidad y espacios de vivienda, por acceso a los servicios básico en la vivienda, por acceso a la alimentación) que registran en sus mediciones.
Según los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza del 2010 utilizados por el Coneval, incluso en las mediciones del 2016, quienes padecen esta carencia social son aquellos que no entran entran en los siguientes supuestos:
“En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que no tiene carencia en esta dimensión si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el artículo 2o. de la LSS* (o sus equivalentes en las legislaciones aplicables al apartado B del Artículo 123).
Dado el carácter voluntario de la inscripción al sistema por parte de ciertas categorías ocupacionales, en el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.
Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando goce de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más), se considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores”.
Es importante subrayar que para el Consejo el ser beneficiario de algún programa social de pensión para adultos mayores puede significar contar con seguridad social aunque no esté afiliado a algún instituto de seguridad social. Por otro lado se debe tener en cuenta que los criterios fueron actualizados en 2018 y se utilizarían en nuevos ejercicios estadísticos.
En México el nivel de esta carencia social en la medición del 2016, resultó ser del 55.8% de la población, es decir más de 68 millones 400 mil personas no cuentan con seguridad social.
De hecho de las seis carencias sociales que mide el Coneval, la carencia por acceso a la seguridad social es por mucho la más elevada.
Encuentro con México realiza sus actividades de solidaridad ahora mismo en un municipio del estado de Guerrero, por lo tanto queremos dar conocer la situación en dicho estado.
Respecto de esta carencia en Guerrero la padece el 73.9% de los habitantes es decir 2 millones 657 mil 500 personas de conformidad con la medición 2016.
El comportamiento de esta carencia en el estado es interesante ya que durante tres períodos de medición es decir 2010, 2012 y 2014 se mantuvo en los niveles del 78% y sólo para el año 2016 se observó un descenso importante al 73.9% antes señalado.
Finalmente en el municipio de Cochoapa el Grande, donde colabora Encuentro con México, uno de los municipios que registra mayor pobreza extrema en nuestro país, la carencia por acceso a la seguridad social corresponde al 89.1% de la población con respecto de la más reciente medición del 2015 hecha por el Consejo que realiza sus mediciones a nivel nacional y estatal cada 2 años y que a nivel municipal desagrega sus cifras cada 5.
Respecto de 2010 esta carencia se redujo en 4.1% ya que en ese año se reportó un 93.2%. Sin embargo aún con el dato más actual se muestra que sólo el 10.9% de la población de Cochoapa el Grande cuenta con seguridad social.
*Ley del Seguro Social.
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